“Voy a estar la semana que viene en la Asamblea General de la ONU; voy a dar el discurso de apertura” el martes, dijo el mandatario en su habitual transmisión por redes sociales.

Será “un discurso tranquilo, bastante objetivo, enfocado en los puntos de interés para nosotros”, agregó Bolsonaro, que destacó el abordaje de la pandemia en Brasil, el agronegocio y la energía.

El miércoles, cuando se supo que las autoridades neoyorquinas impondrían como requisito presentar un certificado de vacunación para acceder a la cita, surgieron algunas dudas sobre la participación de Bolsonaro.

“Todas las personas que ingresen a las instalaciones de la ONU con el fin de entrar en la Asamblea General necesitarán mostrar un certificado de vacunación”, dice una carta firmada por el responsable del área de Salud de la ciudad de Nueva York, fechada el 9 de septiembre.

Horas después de la difusión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que no puede imponer ese requisito a los jefes de Estado.

Brasil, de 213 millones de habitantes, es el cuarto país a nivel mundial en número de vacunas administradas (214 millones), según datos de Our World in Data. Pero Bolsonaro se ha negado hasta ahora a recibir el pinchazo.

“En el último día, garantizado”, dijo Bolsonaro, quien ha repetido varias veces que será “el último” brasileño en recibir la vacuna anticovid.

El mandatario, contagiado de coronavirus el año pasado, volvió a argumentar que ya está inmunizado. “Mi tasa de anticuerpos están en la cima”, señaló ante el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que le recomendó el inmunizante.

Este lunes se llevó a cabo la diligencia para revisar la negociación a la que llegó el capturado, preso en la cárcel La Picota, en Colombia.

Correa Galeano afirmó que con su colaboración con la Fiscalía, en la que se comprometió a “aceptar y mostrar voluntad de arrepentimiento y de reparación a las víctimas”.

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El mismo fue condenado como autor del delito de porte ilegal de armas con funciones agravadas, en concurso heterogéneo y sucesivo con amenazas contra servidor público a la pena principal, en virtud del acuerdo, a seis años y seis meses de prisión, lo que daría lo mismo a 78 meses.

Cabe recordar, varias personas ya fueron condenadas en la justicia colombiana, entre ellas Margareth Lizeth Chacón, quien fue sentenciada por una juez a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Además, aceptaron su responsabilidad en el crimen de Marcelo Pecci -y bajo ese escenario los sentenciaron- Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño.

En su primer viaje a España, Milei no solo no se reunió con Sánchez ni con el rey Felipe Vi, sino que “dinamitó” las relaciones de ambos países.

Milei en contrapartida se reunió con el líder del partido de ultraderecha VOX, Santiago Absacal.

También sostuvo un encuentro con empresarios, como los directivos de los bancos BBVA y Santander, la empresa de telecomunicaciones Telefónica y la aerolínea Iberia.

Javier Milei, además de atacar a la primera dama española, tildó al socialismo de “satánico” y “cancerígeno”, en la primera jornada de una visita a España en la que recibió un nuevo ataque de un miembro del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

“No dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, nos gane”, dijo Milei en una charla sobre su libro “El camino del libertario”.

Durante un discurso en un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox, Milei se refirió a Begoña Gómez como “mujer corrupta”.

Aunque no identificó a Sánchez o a su esposa por su nombre, la alusión de Milei al periodo de reflexión que se tomó él para decidir si dimitía por los ataques a su esposa permitió identificar a la pareja.

Carlos Edmilson da Silva pasó 12 años injustamente encarcelado en Sao Paulo, Brasil, tras ser condenado a 137 años, 9 meses y 28 días de prisión por violar a varias mujeres. Después de demostrase su inocencia, la semana pasada recuperó su libertad.

Su infierno, del que se hacen eco los medios, comenzó el 10 de marzo de 2012, cuando la Policía le acusó de violar a 10 mujeres en Barueri y Osaco, ciudades situadas en la región metropolitana de Sao Paulo. Su foto estaba en el archivo de la Policía por un robo cometido en 2006 y fue identificado como el autor de los crímenes.

Carlos, que entonces tenía 24 años y trabajaba como jardinero, defendió su inocencia, pero ninguna instancia comparó su ADN con el material biológico de las víctimas. Calificado como una “maníaco”, ingresó en prisión.

Su caso dio un giro inesperado cuando intervino el instituto ‘Innocence Project Brasil’, organización que ayuda de manera gratuita a víctimas de errores judiciales. Tras solicitar una comparación de su ADN con el de las víctimas no solo se demostró su inocencia, sino que se descubrió al verdadero criminal: José Reginaldo dos Santos, de 34 años, y que ya se encuentra en la cárcel por robo.

Errores judiciales

“Las víctimas no mentían. Estamos ante una situación muy triste de mujeres que fueron violadas y a las que se les hizo creer que reconocían al hombre que las violó”, explicó Flavia Rahal, directora de Innocence Project Brasil, al portal G1.

Sin embargo, la experta detalló que “la forma en que se hizo ese reconocimiento fue una muy inductivo, porque en la gran mayoría de los casos se les puso [a las víctimas] una sola fotografía de este único chico” y se afirmó que “era una persona que había sido reconocida en otros casos”.

Rahal destacó que no se buscó ninguna otra prueba. “No tenemos una imagen de una cámara de seguridad, no hay un localizador de celular que indique que estuvo en esos lugares, no tenemos una sola prenda de vestir incautada, no tenemos nada más que un reconocimiento”, comentó.

Para la especialista el reconocimiento fotográfico es “una de las principales causas” de errores judiciales en Brasil. El portal UOL indica que, en 2023, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) revocó la prisión provisional o absolvió a 377 personas, y en un 74,6 % de los casos fue por errores de identificación fotográficas.

“La Justicia es defectuosa. Es urgente que estas personas víctimas del error sean indemnizadas. El Estado necesita, en este proceso de reconocimiento de su error, reconocer también que está en deuda con una indemnización”, afirmó Rahal.